Leopoldo López y Gustavo Baquero, autores de la obra Venezuela energética: propuesta para el bienestar y progreso de los venezolanos, han puesto en el debate nacional, regional e internacional, una propuesta que intenta innovar en la relación tradicional de distribución de la renta petrolera, mediante la creación del Fondo Patrimonial de los Venezolanos (FPV).

El análisis se inserta en un momento histórico complejo, particularmente porque se trata del país con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que durante muchas décadas, a partir de 1943, estuvo liderando, junto a Estados Unidos y México, la lista de los principales productores y exportadores de petróleo; sin embargo, en la actualidad su portentosa industria petrolera se encuentra en una situación de crisis inédita, caracterizada por la pérdida constante de su producción y sometida a medidas de restricción de sus exportaciones, como parte de una crisis mayor que sacude al país caribeño.

Como consecuencia de esta grave situación, que además ha tenido un efecto directo en las constantes y recurrentes fallas del sector eléctrico, pueden explicarse en gran medida las dificultades económicas, sociales, políticas, militar y de migración que atraviesa Venezuela.

Como punto previo quisiera destacar también que Venezuela energética se publica en un país con una tradición y fecundidad literaria muy particular acerca del tema. De hecho, sobre el aspecto central de la obra otros autores han desarrollado propuestas similares pero con distintos matices. Me refiero al libro El petróleo como instrumento de progreso. Una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo, de los académicos Pedro L. Rodríguez S. y Luis R. Rodríguez P. En este sentido cabe mencionar que, para el análisis de la obra en comento, fue necesario realizar una revisión bibliográfica comparada para la verificación de los valiosos datos aportados.

La obra de López y Baquero, convertida en bibliografía de obligatoria consulta, representa un esfuerzo extraordinario que contextualiza los éxitos y fracasos de la industria petrolera venezolana (IPV), con la mirada puesta en un modelo novedoso, donde los beneficiarios principales deben ser sus accionistas originarios; es decir, todos los venezolanos y, en ese sentido, la propuesta puede ser vista desde diferentes perspectivas. Desde categorizarla como un sueño o una utopía, hasta concebirla como una hoja de ruta que lleva implícito un proceso de transformación político, financiero, tecnológico, social, cultural y geopolítico, para alcanzar lo que Leopoldo y Gustavo han llamado la mejor Venezuela. De cualquier modo, encarna un análisis y un estudio agudo que ha puesto sobre la mesa una cuestión clave que debe considerarse.

La obra está dividida en tres partes. La primera titulada “Los primeros 100 años”, aborda históricamente un período de diez décadas, desde el otorgamiento de las primeras concesiones y el consecuente control absoluto de todas las actividades por parte de las compañías transnacionales, pasando por las incipientes iniciativas de participación del Estado, hasta lograr los primeros beneficios fiscales importantes, mediante el diseño de la política del fifty–fifty, a partir de 1945 (pp. 64-70).

Hechos internacionales, como la crisis generada por la nacionalización de la industria petrolera mexicana y la Segunda Guerra Mundial, que excluyó a México como proveedor seguro de los aliados, convirtieron a Venezuela en el principal suministrador de crudo en el conflicto, de lo cual se derivaron inimaginables beneficios económicos para el país. En este proceso la IPV pasó a ser manejada exclusivamente por los venezolanos (a partir de 1976), hasta alcanzar el zénit mediante la internacionalización y consolidación como una de las industrias más eficientes y mejor gerenciadas del mundo (pp. 91-103).

En la segunda parte, denominada “Entorno energético mundial, potencial de Venezuela y desempeño de la Pdvsa actual”, los autores se centran en analizar la vigencia del petróleo como motor de la economía mundial y el papel que juega y seguirá jugando la IPN para Venezuela, no sin dejar de considerar los aspectos esenciales que explican el desempeño actual de la misma (pp. 140-159).

En la tercera parte, llamada “La propuesta”, los autores desarrollan su visión de cómo instituir un FPV, entendida en el marco de un nuevo esquema de distribución de las riquezas provenientes de la explotación y comercialización de hidrocarburos, donde cada venezolano mayor de edad recibiría una alícuota en divisas para cubrir necesidades como: a. Póliza de hospitalización, cirugía y maternidad; b. Garantías financieras para obtención y/o remodelación de viviendas o para gastos educativos y c. Fondo de ahorro para pensión (pp. 263-279).

La propuesta, no obstante, debe afrontar unos desafíos que probablemente los autores no imaginaron y tiene que ver con la magnitud de la crisis económica del país y de la IPN en particular. Por lo tanto, para pensar en su viabilidad, antes hay que enfrentar una serie de variables conocidas y otras por conocerse, que exigirán de manera urgente la inversión de miles de millones de dólares, lo que podría afectar, sin duda alguna, la posibilidad de financiar el proyecto del FPV formulado por los autores.

Entre tales variables podemos destacar:

1.
La necesidad de contar con inmensos recursos financieros para:
 
a.  La reconstrucción y reestructuración de la Industria Energética Nacional (petróleo, gas y electricidad).

 

b. Enfrentar los altos costos de la deuda externa.

c. La reconfiguración de otros servicios públicos básicos, como agua, saneamiento, salud y vivienda, entre otros.

d. El costoso precio de combatir y reducir los altos niveles de pobreza y pobreza extrema.

2.
Transformaciones en los ámbitos legal y comercial:
 
a. Modificación de relaciones contractuales con países del ALBA, Petrocaribe y el Fondo Chino, que producen grandes pérdidas y daños patrimoniales al país.

 

b. Enfrentar las demandas contra PDVSA y sus filiales a nivel internacional y los altos costos que ello genera.

c. Recuperación de mercados petroleros perdidos.

d. Rescate del propio mercado interno de derivados de hidrocarburos.

3.
Nuevos escenarios en el ámbito geopolítico:
 
a. El surgimiento de nuevos competidores en la región, como Brasil, que se apuntala como gran exportador de petróleo, Estados Unidos, que ya se ha convertido nuevamente en una potencia petrolera, México que aspira a recuperar su sitial como exportador de crudo, y Canadá, que ya ha asumido ese rol penetrando el mercado norteamericano.

 

b.  El crecimiento de las energías renovables en el mundo, que han demostrado no solo el potencial y la viabilidad económica, sino que ya constituyen una opción clara en el mediano y largo plazo de muchos países que hoy demandan hidrocarburos.

c.  Las prohibiciones de circulación de vehículos diésel en grandes ciudades europeas a partir de 2019 y la presión sobre los vehículos a gasolina, que antes de 2040 deberían dejar de circular en muchas ciudades del mundo, particularmente en Europa.

d.  Descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos.

4.
IIInnovaciones en el ámbito tecnológico:
 
a. Las nuevas tecnologías están modificando, a través de nuevos equipos y maquinarias más eficientes, los patrones de consumo de hidrocarburos.

 

b. El avance de la cultura del ahorro energético afectará cada vez más la movilidad y el consumo de petróleo, gas y carbón.

c. El avance de las tecnologías alternativas para el uso en el transporte, como la electricidad, reducirán los mercados de derivados de hidrocarburos.

d. El avance de las baterías de almacenamiento de energía eléctrica afectará también el consumo de derivados de petróleo.

5.
Adaptaciones normativas en el ámbito nacional y global:
 
a. Las presiones y compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París y otros instrumentos jurídicos, que comprometen a los estados a reducir sus Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI) para proteger la vida sobre el planeta y enfrentar el cambio climático, se corresponden con la ruta que marcan el desarrollo sostenible y la agenda 2030, que pretende acelerar y consolidar un nuevo modelo de generación y consumo de energía en la cual se descartan las energías fósiles.

 

b. La legislación nacional, que incorpora estándares internacionales en materia ambiental para reducir las EGEI.

c. El activismo judicial ambiental y climático y el papel central que están jugando muchos jueces, tomando medidas para enfrentar los daños ambientales y proteger la salud y la vida de las personas, tendrán efectos importantes en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

Indudablemente que la propuesta realizada por López y Baquero es desafiante y se suma a diversas iniciativas que buscan una salida y plantean un mejor futuro para todos los venezolanos. Sin embargo, como sugieren los propios autores, la creación de un FPV, debido a sus múltiples implicaciones, debe ser ampliamente analizada y discutida, particularmente porque encarna un nuevo paradigma en una realidad que le es muy adversa. Incluso sería aconsejable examinar si un fondo como el propuesto podría integrarse también con recursos provenientes de otros campos, en los cuales Venezuela cuenta con colosales riquezas naturales. El país, aparte de hidrocarburos, dispone de minerales de alto valor, como hierro, aluminio, oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, que están siendo sometidos a las mismas presiones de una explotación no sostenible, como la que actualmente padece la industria de los hidrocarburos, tal como se aprecia de los análisis de los autores (pp. 145-156).

Finalmente me gustaría incorporar a la agenda de debate sugerido por los autores, la necesidad de pensar en un nuevo modelo político que vaya acoplándose al proceso de transición energética que Venezuela debe iniciar muy pronto. Dicho proceso, centrado en el modelo energético del futuro, cimentado en las energías renovables y descentralizado, debe responder a otro tipo de relaciones políticas y de gobernanza, teniendo a la descentralización administrativa y de gestión como eje principal.