El día 29 de diciembre la Sra. Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en la Araucanía señaló que el Estado de Chile estaba en deuda con dicha zona.

Dada la oportunidad del tema, he solicitado al Dr. en Ciencia Política y Comportamiento Humano por la Newport International University, Wyoming, Hugo Omar Inostroza Sáez, quien fuera Director
del Cuaderno de Estudios Políticos y Estratégicos, publicación que antecede a esta revista, que en
esta editorial registre determinados aspectos de un extenso y documentado trabajo cuya autoría
le pertenece, realizado en el año 2013 y que hoy mantiene plena vigencia, bajo el título “¿Tiene el Estado chileno una deuda histórica con sus pueblos originarios?

1. INTRODUCCIÓN. REFLEXIONES SOBRE LA TEORÍA DEL ESTADO

Si se acepta el supuesto de la deuda, puede sustentarse que el Estado tiene un comportamiento
que transcurre y que se halla comprometido sin límites en el tiempo, el que no afecta el correspondiente a sus componentes organizacionales, los que son sus reales creadores de la mayúscula organización que es. Pero, el supuesto debe ser demostrado para tener validez.
El Estado no siempre ha tenido las características que se le atribuyen actualmente, ni la capacidad con que se quiere comprometerlo. Los cambios que ha experimentado en sus estructuras, procesos y funciones le ha proveído de organicidades distintas, además de entender que no siempre
se estima de la misma manera lo que algunos idean sobre su creación y presencia.

Por lo mismo, la Teoría del Estado viene a constituir un objeto de conocimiento que ha procurado hasta hoy encontrar respuestas sólidas y destacar el rol de éste, sujeto a mucha contradicción entre científicos e ideólogos, preferentemente sociales, religiosos y jurídicos y ha mantenido
ostensiblemente su actualización con la ciencia política, la religión y la economía.

Ya hemos señalado que el Estado no siempre ha tenido la validez que algunos le asignan. En efecto, hay ideas que le dan nada más que un carácter instrumental, pues puede ser utilizado para su propia desaparición, ya que su creación sólo sirve a los intereses de quienes le han dado vida, pero no para las de otros; sin embargo, hay quienes aprecian su presencia permanente sujeta a circunstancias que evolucionan en el tiempo. También existen organizaciones sociales que niegan terminantemente su existencia y que quieren su eliminación y, no dejan de estar presentes, aquellas que lo ven como un ente subsidiario, con poca presencia, pero que se justifica actuando en ciertos ámbitos generales de la realidad global en el que está constituido y en casos muy específicos se concibe como una totalidad que abarca espacios inusitados.

Un punto referencial en el análisis, podemos encontrarlo en Hermann Heller (Teoría del Estado, 1995) y en Carl J, Friederich (La Democracia, como forma política y como forma de vida, 1966). El Estado dice Heller ‘no es otra cosa que una forma de vida humano – social, vida en forma y forma que nace de la vida. El Estado no es espíritu objetivo y quien intente objetivarlo frente a su
sustancia psicofísica, verá que no le queda nada en las manos’. Es dable entonces preguntarse ¿Cómo hay que concebir al Estado en cuanto a unidad en la multiplicidad, sin afirmar que se
trata de un ente autónomo, independiente de los hombres que lo actúan y sin considerarlo una mera ficción?

En ayuda de Heller viene la Teoría de la Organización, facilitando el discernir lo que es el Estado, pues las leyes organizacionales han contribuido a explicar ‘que este ente es una unidad de acción humana organizada de naturaleza especial, gracias a la actividad de órganos específicos, conscientemente dirigida hacia la acción eficaz de dicha unidad’. El efecto producido por la organización excede, con mucho, a la mera suma de las actividades individuales.

Asimismo, jamás podrá existir ni una organización ni un Estado sin una voluntad común eficaz, aunque en modo alguno general. El Estado tiene que mantener, extender y reproducir de manera
permanente una comunidad de voluntad y valores que vendrá a servirle de cimiento, lo que realizará de modo mediato valiéndose de instituciones de toda clase y especialmente por la influencia ejercida en la enseñanza y en la formación de la opinión pública. ¿Sociedad civil?, ¿civilidad?, ¿hombre de la comunidad?, ¿hombre masa?

Cabe preguntarse si las organizaciones necesitan de espacio físico natural o cultural para su sustento o mantención. La respuesta es afirmativa. En el caso del Estado, es un territorio que puede reunir tales características. ¿Limitado o ilimitado? La interrogante puede dar origen a explicaciones diversas. Caso, por ejemplo, de totalitarismos y expansionismos, basados en doctrinas e ideologías reconocidas hoy en día. Otros conceptos de civilidad estatal están evidenciados en los de
soberanía, poder, pueblo, nación, unidad real.

Uno de ellos, no el único, es el poder el cuál diferencia la organización estatal de otras por la clase de coacción que aplica como también por su específica dominación en el territorio. Pasa así con las decisiones adoptadas por los órganos estatales ‘capacitados’ las que poseen obligatoriedad general para todos los habitantes, en que el Estado es considerado como un grupo de dominación a diferencia de los grupos de carácter personal.

La unidad estatal no está para identificarse con ninguno de sus elementos ni tampoco con ninguna persona que quiera identificarse a su vez en el poder. No se puede olvidar que lo que engendra la dominación es la obediencia. Por lo mismo que hablar con liviandad de que el dominador es el pueblo en una ordenación estatal, considerando, incluso, que él es un elemento del Estado, no debe llevar al olvido que existen otros, que sólo adquieren plena verdad y realidad en una interrelación. En esto radica el rol esencial que puede ejercer el gobierno, pues el poder del Estado como unidad de acción no puede ser referido con arbitrariedad ni a los actos de los que tienen el poder ni a los de los sometidos al mismo. Lo que debe buscarse, sin embargo, es una cooperación causal ‘de todos’. Con énfasis hay que manifestar que el gobernante tiene poder en el Estado, pero nunca posee el poder del Estado (salvo en los regímenes totalitarios donde puede querer la identificación con él y en los ideólogos de la violencia donde se desconoce que pueda tenerlo y sostenerlo).

Como un alcance a lo anterior hay que reconocer que la estructura total del Estado debe ser regulada en un documento, denominado Constitución. No todos, como está demostrado positiva y teóricamente, se ponen de acuerdo sobre la caracterización del mismo, sobre todo porque hay representaciones sobre cambios constitucionales que pretenden inclusive con y en ella partir de cero. Con todo, lo importante es manifestar que la organización del Estado exige un documento si es que requiere validar su constitucionalidad, en la cual hay que reconocer ciertos principios.

2. DESARROLLO
2.1 La importancia de la Democracia
Procurar seguir justificando la existencia del Estado es caminar en el vacío de planteamientos conceptuales. Esta organización única e importante, no se puede engendrar en él, pues necesita de lo que hoy se concuerda existe y que es la democracia como forma política de vida.

Todo el mundo habla hoy de la democracia. Al hacerlo, algunos de los totalitarios pretenden, que su ordenamiento político, su Estado, es la verdadera o ‘auténtica’ democracia, pero sus preferencias es a llamarla “democracia popular”.

De este modo, el orden político hay que concebirlo en el Estado como de dominio y de cooperación entre muchos elementos que contribuyen a su estructuración. Se puede agregar a lo anterior que la democracia, como fenómeno político, ha ayudado a definir la autoridad y a interrelacionarla con el poder.

Como un ejemplo puntual del significado de poder, en ninguna democracia los gobernados dirigen a los gobernantes en sus cargos, pero sí deciden si los gobernantes poseen o no cualidades representativas. En la democracia constitucional no existe un soberano, ni tiene por qué existir, porque en la Constitución queda establecido a quiénes se asignan cada una de las actividades y competencias en la existencia del poder.

Es posible observar diversos modelos de democracia, entre ellos están la forma presidencial, la de gabinete, la parlamentaria y la de consejo de la democracia. No son constituyentes perfectos, pero es lo que hay y soportan, pese a ello, el paso del tiempo. Representan el gobierno de uno, de muchos y de unos pocos.

Otros factores motivacionales encontrados en la actualidad de mucha influencia para observar el rol del Estado y de un gobierno, son aquellos de propaganda y de control inductivo de las personas haciendo uso de recursos que no le son propios y que presentan un cuadro de intenciones totalitarias en muchos de ellos.

En lo expresado, debe existir la voluntad de respetar los principios y valores en que se sustenta una minoría, cualesquiera sean las caras y contenidos que ella tenga, las que se avalan positivamente si se reconoce el pluralismo y la tolerancia de ideas y acciones.

El soporte de la democracia no se encuentra en una vocinglera mezcla de declaraciones vacías de verdad y de respeto hacia los que van dirigidas. La convicción de quién o quiénes las lanzan hacia otros deben ser, en realidad, provocar la comprensión y aceptación en éstos. En otras palabras, debe existir la disposición a admitir opiniones de los adversarios o contrarios en minoría circunstancial, sin atropellos, con una manifestación comportamental que lleve permanentemente la moderación como su sello. La convivencia democrática así lo plantea y lo exige.

2.2 Estado y comunidad organizacional.
Los problemas de una comunidad organizacional pueden ser abordados en la democracia por la generalidad de sus integrantes. Aceptar que pueden ser solucionados sólo por una minoría excluyente, admitiendo que es la más indicada para hacerlo, constituye un craso error de competitividad en la propia existencia de una mayoría que la respalde. Aceptar que es el pueblo, como elemento sustantivo del poder político y social, sin conocer previamente el comportamiento de sus componentes, no significa que represente la generalidad aludida y menos a una élite por consideraciones históricas y dialécticas, que no puede estar por encima de los responsables de las decisiones políticas. Nuevamente se puede aludir a la comunidad de valores y convicciones que se deben promover para construir la generalidad.

El hombre común, como persona política depende de la comunidad y la comunidad depende de él. Por lo mismo la democracia es exigente y no está para restringir la circulación de las ideas, de preferencias, de programas distintos, circunscribiéndose a las voces de la mayoría, porque una oposición, no sólo político-parlamentaria, sino también aquella social e intelectual, desempeña su papel cuando elabora iniciativas e indica soluciones que desafían a los gobiernos en ejercicio, estimulando a la opinión pública.

2.3 Los Pueblos originarios.
La relación histórica reconoce 19 pueblos originarios, algunos de los cuáles están ya extinguidos. En la actualidad, la ley indígena 19.253 de 05 de octubre de 1993 acepta 9, incorporando a los Huilliches junto a los Atacameños, Diaguitas, Mapuches, Alacalufes, Yaganes, Aymaras, Rapa
Nui, Quechuas y Coyas.

Al provocar esta referencia, la intención del trabajo pretende establecer cuándo las etnias consideradas llegan a constituir una preocupación para el Estado chileno, pero también para preguntarse si el inicio de éste tiene fecha de creación.

Por de pronto, hay 3 textos o reglamentos constitucionales en la Patria Vieja y 4 ensayos en la Patria Nueva. En la República, están las constituciones de 1833, luego la de 1925 y la constitución de 1980,
reformulada en 14 oportunidades entre 1989 y 2011.

Un segundo hito lo constituye la Guerra del Pacífico (1879 a 1881) que cambia el territorio del país y en la cual directa e indirectamente participan Bolivia, Argentina y Perú. Los “afectados” principalmente por los resultados del conflicto son Perú y Bolivia respecto de Chile. Este incorpora de parte de Bolivia un extenso litoral, una salida al mar y una parte de su altiplano. Aceptando este último firmar un Tratado de Tregua el 04 de Abril de 1884, no de Paz, y Chile manteniendo la ocupación del territorio entre el río Loa y el paralelo 23, región de Antofagasta. Este espacio ha sido definitivo hasta ahora con el tratado que se firmó en 1904.

Con Chile vencedor, Perú se obliga a firmar el tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883, entregando Tarapacá, que limita al norte con la quebrada del río Camarones y por el sur con la quebrada del río Loa. Arica y Tacna serán administradas temporalmente por Chile, lo que ocurre después de un largo y complejo proceso en que se acuerda un plebiscito. Chile se queda con Arica y Perú con Tacna el 03 de Octubre de 1929. Más de 190.000 km2 se incorporan a Chile por lo sucedido.

Lo que hay que destacar en lo recién expresado es que hay varias y nuevas etnias aborígenes que se integran al Estado chileno. De esto surge con espontaneidad una interrogante: ¿Hay deudas históricas con ellas o sólo hay preocupación real por una sola como es la mapuche en los momentos actuales?

2.4 Interrogantes y respuestas presuntas sobre la deuda histórica.
• ¿Cómo puede adquirir deudas un Estado a través del tiempo?

• Si un Estado desaparece porrazones conocidas y ya dadas a comprender, lo que representa una situación verídica, v.g. si se acaba la democracia constitucional y se establece la otra idea de democracia como la popular y ésta se organiza institucionalmente como tal, ¿sigue comprometida
la deuda que deja la anterior organización estatal?

Hay que entender que las democracias populares entienden el Estado como un instrumento creado al servicio de la burguesía y del capitalismo que debe ser eliminado. La democracia popular existe en la actualidad y representa fehacientemente gobiernos autoritarios y totalitarios; da nacimiento a nuevas instituciones organizadas, y niega siempre su reconocimiento a las instituciones políticas de la democracia representativa como cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; fuentes alternativas de información; autonomía de las asociaciones y ciudadanía inclusiva.

Si se analiza la argumentación entregada, es difícil, pero no imposible que un Estado pueda adquirir históricamente deudas que lo comprometen indefinidamente en el tiempo. Sus procesos están evolucionando siempre y no son estáticos e inmóviles.

De la afirmación aquella de que el Estado chileno es deudor histórico de las etnias originarias, se pueden inferir nuevas interrogantes: ¿Tiene el Estado chileno una deuda histórica con los pueblos originarios?, ¿con cuáles?, ¿con aquellos que originó con la capitanía general del reino?, o ¿con todos aquellos que se involucran posteriormente con la extensión de más de 190.000 km2 que Chile obtiene después de la Guerra del Pacífico? Pero, las interrogantes no terminan, ¿Cuándo nace el Estado de Chile?, ¿acaso con la Primera Junta Nacional de 1810?, ¿con la Patria Vieja o con la Patria Nueva?, ¿con la aprobación del reglamento de José Miguel Carrera de 1811?, ¿con el período de los ensayos constitucionales de 1818 a 1828?, ¿o realmente hay respuestas a partir del llamado período de la República con la Constitución de 1833?

Este trabajo no persigue ahondar en relaciones históricas, pero lo que se puede adelantar para terminarlo es que, sin pretensiones eruditas, existe la necesidad de hacer un planteamiento esencialmente político para entender que si se quiere reconocer una deuda que pueda comprometer al Estado, la exigencia en lo especial en ello no es consultar sólo al pueblo, sino comprender que éste es un asunto de las instituciones políticas, nacido de la voluntad de una democracia representativa, esto es, resolución de minorías y mayorías debidamente fundamentadas y acordadas. Esto requiere en un Estado democrático, entendiendo que si se quiere reconocer una deuda histórico - social con sus etnias originarias, llevar a cabo antes un proceso que corresponda a sus definiciones como tal. En otras palabras, no es cosa que unilateralmente por ejemplo, un gobierno de mayoría decida reconocerlas en función de su ventaja sin aceptar ni permitir que exista un análisis de la opinión de los organismos de la sociedad civil y de las instituciones, de su pluralismo de convicciones y tolerancia.

2.5 Soluciones a un problema.
Que el Estado chileno constituye una entidad única y soberana respecto de otras similares, es una afirmación que obliga a negar preventivamente tal condición, ya que la civilización y
la cultura del siglo XXI, que corresponde a un mundo interpenetrado, hace que toda decisión
interna del ente esté condicionada e incluso impugnada permanente por ajenos.

La situación de Chile no escapa de esa decisión que aparece como mayor. Pero, es ingenuo pensar que políticamente la orientación de mayorías electorales no esté entrelazada internamente con minorías de poder: intelectuales, sindicales, organizaciones patronales, funcionarios públicos, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, sociedades privadas y públicas; pero también externamente, con instituciones de otras organizaciones políticas, económicas, sociales, religiosas, internacionales, públicas y privadas y gobiernos.

La buena gobernanza del Estado chileno debe atenerse, principalmente como gobierno, a principios que se han propuesto y aceptado en algún momento para un Estado de Derecho y una Democracia, a veces defendidos con mucha vehemencia y en otras negados.

La común unidad de los constituyentes del Estado ofrece la alternativa de metodologías de trabajo conjunto entre mayorías y minorías políticas, dentro de lo cual no se puede aceptar la imposición de una forma estatal autoritaria, que se presupone intenta la unidad. La minoría política tiene derecho a sobrevivir y a procurar revertir su condición para llegar a ser mayoría política, la cual es una justificada aspiración. Las minorías políticas son así diferentes a las minorías sociales.

No hay que olvidar que el poder y la autoridad residen en la representación del soberano, no
sólo en los gobiernos sino que también en los órganos claramente delimitados a las funciones que le son asignadas.

Los hechos y circunstancias observados en el país en poco más de cuatro décadas a la fecha describen, mas no explican claramente, que la violencia y el conflicto existentes hoy son
difícilmente aceptados por una gran parte de la comunidad nacional. Si a ello se suma, sin mayores comentarios, la existencia singular del terrorismo sobre los cuales, en ambos casos, se debe legislar, es prudente tomar decisiones que no muevan a engaño.

Un asunto especial de comentar es que el choque frontal provocado por las conductas en los hechos y fenómenos que se conocen, puede afectar el concepto de Nación tal como lo hemos entendido hasta ahora. La convivencia y entendimiento entre etnias y los integrantes del país han sido trastrocados sin un análisis profundo y responsable por quienes internamente tienen la obligación de hacerlo en la República y por agentes externos que sirven a sus propios intereses.

El conflicto obliga a reflexionar en la idea de que la conciencia y el pensamiento causal surgen a raíz de los obstáculos para la integración de los distintos grupos humanos. La deconstrucción de lo existente no significa destruir todo para reconstruir otro todo sobre sus cenizas.

Tanto un gobierno como su oposición política, religiosa, social y económica, deben procurar crear un proyecto compartido, en el cuál no se hagan trampas.

A riesgo de la crítica de los que exigen pragmatismo y ni siquiera poseen acabada certeza de lo que dicen, el problema ahonda en doctrinas e ideologías y ‘anarquismos’ ocultos preferentemente bajo los conceptos de ponderación o excusa de faltar sin pudor a compromisos contraídos.

Las estrategias y tácticas de la negociación y la búsqueda de soluciones que se encuentren y propongan deben representar categóricamente a los agentes provocadores del conflicto, no a grupos minoritarios que siempre están atentos a mantener hogueras encendidas para beneficio propio y no para el bien social. La contraparte debe ser conciliada entre mayoría y minorías políticas electorales eventuales, el gobierno propiamente tal, los grupos de poder y de presión aceptados por la legalidad y legitimidad conque actúan, como grupos sociales de real influencia para la viabilidad del proceso.

No se puede ignorar que la violencia no es un concepto vacío, ya que puede seguir sacando
dividendos por muchas otras vías imprevistas. El proyecto que se elabore para encontrar soluciones
se debe basar esencialmente en: una visión ambiciosa y constructiva; una voluntad común de mantener el rumbo a seguir; un sistema de principios y valores compartidos en una definición ética y moral de verdad, sostenidas con permanencia y no en coyunturas que se deshacen en el corto plazo y algunos grandes objetivos que tanto mejor aceptación obtienen si más intensamente se han debatido.

3. CONCLUSIONES

3.1. La deuda histórica del Estado chileno con sus etnias originarias debe ser probada y demostrada.

3.2. Un Estado puede, si lo quiere, definir una deuda de tal naturaleza, con objetividad, ateniéndose a plazos delimitados que tengan término, sin hipotecar voluntades y comportamientos de actores futuros, que pueden cambiar y no estar de acuerdo con ella”.

Acabada la cita de las síntesis del trabajo del profesor Inostroza Sáez y a propósito de la misma, el primer trabajo de este número hace referencia precisamente a una concepción del concepto y
alcances del Estado que difiere de aquella mayoritariamente aceptada en nuestros días en Europa y
Occidente. El Licenciado en Derecho, Maestrante de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de la Habana, es autor del primer artículo que tiene por título “Control constitucional y legitimidad democrática: El modelo de control europeo o concentrado” en el cual analiza el modelo de control constitucional europeo en relación con su legitimidad democrática, teniendo presente su evolución histórica y diversas opiniones que sobre el tema se han realizado. Lo anterior, bajo el supuesto de que la democratización de las funciones públicas debe entenderse sobre la base de la participación política amplia en la elección y control de los órganos del Estado. La conclusión a la que arriba el autor es que en el ideario liberal, los presupuestos históricos de los mecanismos e instituciones de participación ciudadana en el control de las funciones del Estado, aparecen bajo fundamentos que limitan la expresión de la soberanía popular en el ejercicio del poder político
y en el control de las funciones del Estado.

El segundo artículo es un trabajo de Federico Del Giorgio Solfa, Diseñador Industrial, Magíster en Marketing Internacional y Máster en Derecho, Economía y Política de la Università degli Studi di Padova, Italia. Es profesor titular en las Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la República Argentina. Bajo el título de “Juventud, cohesión social e innovación para el desarrollo local argentino: Un análisis oportuno de la experiencia italiana en la región Emilia-Romagna”. Siguiendo a varios autores, quien escribe este trabajo destaca la necesidad de no reducir el territorio a la suma de acciones económicas. Luego de explicar las acciones emprendidas y resultados alcanzados en la región Emilia-Romagna, el autor adelanta algunas propuestas y conclusiones para la República Argentina, que por cierto podrían ser perfectamente aplicables a la realidad local en Chile, naturalmente bajo determinados cambios estructurales de descentralización. Todo ello, bajo la premisa que en una sociedad moderna, una comunidad con bienestar material equitativamente distribuido, un alto nivel de los servicios sociales, una amplia participación política y democrática y el acceso a la educación y cultura sin distinciones sociales, ha demostrado que otro modelo es conveniente y posible.

Nicolás Molina Vera, Licenciado en Ciencia Política y Politólogo de la Academia de Humanismo Cristiano escribe el tercer artículo que se titula “Del gremialismo ‘apolítico’ a la estrategia de
transformación en partido político de la Unión Demócrata Independiente (UDI)”. Bajo el reconocimiento que este partido político nace y se consolida bajo una estrategia diseñada por el ideólogo del mismo, Jaime Guzmán, que persigue crear un partido político de derecha inserto en la base social. Guzmán fue el principal redactor de la Constitución de 1980 concebida en dictadura, fue electo senador en 1989 y en 1991 fue asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nace el partido desde un movimiento que ganó adeptos al interior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ganando las elecciones de federación de estudiantes universitarios desde 1968 a 1973. Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970 – 1973) el gremialismo disputa espacios en los sectores populares caracterizados por la influencia de la izquierda. En dictadura algunos de sus dirigentes asumen cargos políticos, lo que favoreció la penetración del partido en los sectores populares. En síntesis, las estrategias diseñadas por su ideólogo y debidamente aplicadas por los líderes del partido, han entregado a la UDI ganancias en el juego político.

El cuarto artículo tiene por título “El clima social escolar como representación simbólica cultural”; pertenece a Augusto Velasco Cortés, Licenciado en Investigación Criminalística por la Policía de Investigaciones de Chile, Magíster en Educación y Gestión Educativa por la Universidad Bernardo O’Higgins, Doctor en Educación, Políticas y Gestión Educativa de la Universidad de Playa
Ancha. Se trata de una investigación inductiva que busca identificar los significados explícitos y subyacentes en la construcción del clima social escolar en el Segundo Ciclo de Educación Básica de una escuela de gestión municipal en la comuna de Estación Central, Santiago de Chile, que profundiza los resultados de un trabajo previo realizado por el autor en el año 2014. Persigue responder la pregunta ¿cómo significan los actores sociales de una comunidad educativa de gestión municipal la construcción del clima social escolar? Las conclusiones revelan la coexistencia de tendencias contradictorias e insuperables entre los actores adultos, especialmente los profesores, que además de afectarlos emocional y laboralmente, trascienden la sala de clases y la función pedagógica y relacional. Por otra parte, la actuación colectiva de los alumnos generada por externalidades ambientales referentes para ellos, se refuerza con las peculiaridades de la convivencia entre los adultos, constituyéndose en un modo habitual de proceder. Ello, permite significar que las pautas relacionales construidas por sus protagonistas transforman el espacio escolar y definen el funcionamiento de esta unidad escolar.

Un trabajo preparado por Andrés de Castro y Susana S. Ferreira conforma el quinto artículo titulado “Gestión fronteriza contra el narcotráfico en Sudamérica como reto de integración regional”. El primero es Profesor Asociado e Investigador de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) del Ministerio de Defensa Nacional del Gobierno de Chile, Doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM – UNED), España. En tanto Susana F. Ferreira es Master en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nova de Lisboa, Portugal, doctoranda en Relaciones Internacionales y en Seguridad Internacional en co-tutela entre la Universidad Nova de Lisboa y la UNED. Considerando varias premisas, entre ellas que el problema del narcotráfico es preciso de analizar como un fenómeno regional por cuanto en Sudamérica se produce la totalidad de la pasta base y del clorhidrato de cocaína que se consume en el mundo, la que luego transita por diversos países sudamericanos hasta llegar a los países potencialmente consumidores, en su mayoría países desarrollados, se dan a la tarea de analizar tres organizamos internacionales, contextualizándolos en materia específica de
gestión fronteriza en contra del narcotráfico, a saber: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

Concluyen que en general el proceso de construcción de fronteras en América del Sur se ha basado en conceptos propios de siglos pasados en torno a los límites nacionales, definidos como la división que separa el ejercicio de soberanía entre un Estado y otro.

Finalmente, el sexto artículo pertenece a Erik Marín Cuevas, Psicólogo de Universidad Santo Tomás y candidato a Doctor en Sociología por la Universidad de Granada, España. Coordinador y docente del Magíster en Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana, de la Universidad Tecnológica Metropolitana y docente del Magíster en Ciencia Política de dicha Universidad. El trabajo bajo el título de “Estudio exploratorio de la investigación científica en el continente antártico chileno en el período 2011-2014” describe el campo de producción científica antártica desde la sociología de la ciencia. Persigue objetivar las condiciones sociales de producción del conocimiento científico en investigadores en el período 2011-2014, describiendo los aspectos más relevantes de la práctica científica, explorando las condiciones materiales y sociales en que se desarrolla el trabajo antártico y destacando el rol de las redes científicas locales. El trabajo consideró revisión de material bibliográfico, entrevistas en profundidad y además se pudo realizar un primer acercamiento a la zona Austral de Chile, específicamente a la Región de Magallanes y la Antártica chilena. El autor concluye que dado
los altos niveles de competitividad en torno a la escasez de fondos concursables, existe un
desinterés expresado en las distintas entrevistas en el trabajo colaborativo y de redes. No solo estas son escasas, existe además un desinterés en conformarlas dados los niveles de competitividad
de algunas especialidades. Principalmente por ello, señala que investigadores antárticos están en un nivel de solidaridad mecánica.

Agradecemos a los investigadores y académicos que han demostrado interés por compartir sus trabajos en el presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, cuyo propósito es entregar espacios para el desarrollo de la academia, la investigación y la producción especializada.